La cantidad presupuestada por el Servicio Cántabro de Empleo para subvencionar acciones formativas para desempleados no ha dejado de bajar en los últimos años, con el agravante de que un porcentaje cada vez mayor de esa partida queda sin ejecutar.

La última convocatoria, que debería emplearse en cursos a celebrar este años y el que viene, suma 10 millones de euros para realizar 247 acciones de las que se beneficiaría un máximo de 3.705 alumnos, aunque nadie confía en que se alcancen esas cifras. El mal funcionamiento del sistema ha llevado a que muchos centros privados hayan dejado de interesarse por los cursos, y los que quedan se ven ahogados por la burocracia, la obligación de adelantar el dinero y la lentitud en la revisión de las facturas, que acumula ya cuatro años de retraso.

 

La falta de adecuación entre la oferta y la demanda formativa, la renuncia de las academias privadas a sumarse a las convocatorias o el enrevesado sistema de financiación forman el abanico de causas y consecuencias del mal funcionamiento del modelo, una amalgama en la que no es fácil separar las primeras de las segundas.

 

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