La Plataforma que reúne a las empresas de Formación Privada en Cantabria alerta del cierre de empresas por una deuda de la Administración de cerca de 20 millones de euros.

 

La Plataforma que agrupa a prácticamente el 100% de las empresas que imparten Formación para el empleo en Cantabria ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa para alertar del cierre de centros, pérdida de empleo y drástrica reducción de la oferta formativa derivada de la deuda que la Administración mantiene desde hace dos años y que ronda los 20 millones de euros.

Montserrat Peña, Presidenta de la Plataforma de Empresas de Formación y de la Comisión de Formación de CEOE ha estado acompañada en la mesa por Javier Muñiz, Daniel Álvarez y Carlos Ponga además de por la decena de representantes de los centros agrupados que han querido asistir a este acto como muestra de su apoyo a las reivindicaciones planteadas.

Peña ha explicado que “las empresas de formación de Cantabria somos Centros Colaboradores de la Administración que organiza cursos gratuitos para personas desempleadas o activas y que necesita para impartirlos instalaciones, personal y material que nosotros aportamos y abonamos según los requerimientos que el Servicio Cántabro de Empleo nos marca mientras la Administración fija un calendario de pagos en tres plazos por cada curso”.

Este calendario se está incumpliendo según ha explicado Peña lo que lleva al cierre de centros ante la imposibilidad de continuar financiando la formación pública con recursos propios. La presidenta de la Plataforma ha explicado que “en 2015 un total de 77 centros de la Comunidad impartimos formación a 7.050 alumnos y contratamos para ello a más de más de 1800 trabajadores mientras que en 2016 se habían perdido 17 centros y se impartieron 70 cursos menos y se formó a mil alumnos menos lo que llevó a perder cerca de 300 empleos”

En 2015, 77 centros de la Comunidad impartieron formación a 7.050 alumnos y para ello contrataron a más de más de 1.800 trabajadores mientras que un año después se habían perdido 17 centros, se formó a mil alumnos menos y se perdieron cerca de 300 empleos.

Peña ha señalado que “la Administración incumple su calendario de pago y nos adeuda desde hace dos años cerca de 20 millones de euros correspondientes a la formación ya impartida y esto supone que 70 empresas privadas de Cantabria están financiando a coste cero los cursos que la Administración imparte mientras los empresarios nos vemos empujados en algunos casos a medidas como hipotecar nuestros propios bienes para poder hacer frente a las deudas contraídas”.

“Los centros están optando por cerrar sus puertas o bien por renunciar a continuar impartiendo la formación lo que hace que a día de hoy, instalaciones homologadas con una excelente dotación para impartir algunas especialidades permanezcan cerradas y que esa formación no se pueda cursar en Cantabria” ha señalado Montserrat Peña quien ha explicado que de este modo “Cantabria pierde tejido económico, pierde empleo y sus trabajadores y trabajadoras van convirtiéndose cada día que esta situación se prolonga en menos competitivos porque cuentan con menos opciones formativas que los de otras Comunidades”.

Además en la rueda de prensa se ha puesto de manifiesto que “Cantabria pierde dinero de Europa y credibilidad en los foros europeos de formación porque parte de la financiación de estos cursos procede de la Unión Europea y de no ejecutarse la formación este dinero se devuelve y la Comunidad es sancionada lo que implica un “castigo” que consiste en poder optar cada vez a cantidades más reducidas de fondos europeos para formación por lo que la negligente actuación de la Administración castiga a las empresas del sector y a los ciudadanos”.

Montserrat Peña ha asegurado que “como pueden imaginar, antes de tomar una decisión como es la de ofrecer esta rueda de prensa, la Plataforma que agrupa a cerca del 100% de los Centros de Formación ha explorado cualquier cauce de interlocución con la Administración para tratar de solventar esta situación y el único resultado obtenido ha sido prolongar esta situación durante dos años”.

 

 

A juicio del colectivo “se trata de una actuación negligente que está amenazando la supervivencia de muchas pequeñas empresas y de muchos empleos y que se extiende a otros ámbitos que perjudican directamente no ya a las empresas sino a las personas en desempleo de esta Comunidad que aspiran a recibir una formación a la que tienen derecho puesto que recientemente la Administración de Cantabria ha decidido que las Oficinas del EMCAN dejen de ofrecer y gestionar cursos de formación para el empleo” esta fórmula implica que “a partir de ahora, una persona en paro, debe acceder por sus medios a internet y navegar hasta encontrar el curso que le interesa y gestionar online su inscripción en el de modo que si bien esto supone una cierta dificultad para las personas con habilidades y acceso directo a la tecnología y a sistemas informáticos , deja de lado a quienes por contar con menos recursos económicos o educativos o mayor edad no van a poder utilizar la única vía que se les ofrece” ha explicado, por lo que “se esta forma, la brecha que separa a la parte de la sociedad con menores oportunidades se hace más profunda.

La Plataforma calcula que “el 90% de los potenciales alumnos no va a recibir ningún tipo de información sobre la posibilidad de participar gratuitamente en formación para el empleo y el 80% de los cursos y el empleo que conllevan están en riesgo” por lo que el colectivo reclama a la Administración “que se replantee esta política excluyente”.

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